Cámara de Diputados de México debatirá reforma para fijar un plazo máximo de 60 días en el inicio de tratamientos contra el cáncer

Cámara de Diputados de México debatirá reforma para fijar un plazo máximo de 60 días en el inicio de tratamientos contra el cáncer

 

¿Cuáles son los objetivos principales de la iniciativa de ley promovida en San Lázaro?

La Cámara de Diputados de México se alista para discutir en el pleno una reforma sanitaria integral que busca fijar un plazo máximo de 60 días para que las instituciones públicas de salud inicien el tratamiento de pacientes diagnosticados con cáncer. Impulsada por la Comisión para la Atención Integral del Cáncer en México (Caic) —alianza que agrupa a 38 organizaciones civiles—, la propuesta fue dictaminada por unanimidad en la Comisión de Salud y cuenta con el respaldo de la Junta de Coordinación Política. De acuerdo con el diputado Pedro Mario Zenteno Santaella, presidente de dicha comisión, el dictamen será sometido a votación a partir del 15 de noviembre, antes del cierre del periodo ordinario de sesiones.

Transformación del Registro Nacional de Cáncer y derechos oncológicos

El proyecto de ley prevé transformar el Registro Nacional de Cáncer en una herramienta de carácter obligatorio e interés público bajo la conducción técnica del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), orientando la adquisición de medicamentos, la medicina de precisión y la infraestructura con base en evidencia científica. Asimismo, la reforma introduce el “derecho al olvido oncológico” para evitar la discriminación financiera hacia personas que hayan superado la enfermedad, al tiempo que garantiza la continuidad de la atención médica para pacientes pediátricos que alcancen la mayoría de edad y establece mecanismos de derivación entre unidades cuando exista saturación hospitalaria.

¿Qué impacto busca generar este ajuste normativo en el sistema de salud pública?

Por un lado, la legislación busca revertir la cifra de más de 96 mil muertes anuales por cáncer en el país mediante diagnósticos oportunos y la reducción de brechas territoriales en la atención. Por otro lado, la institucionalización de un registro con cobertura poblacional dotará al Estado mexicano de herramientas contundentes para combatir el desabasto de fármacos oncologicos. De este modo, el Poder Legislativo pretende afianzar la atención médica integral como un derecho humano no sujeto a dinámicas comerciales.

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